Frecuentemente quienes por ley reciben una pensión de alimentos se ven en la situación de que quien debe pagarla no lo hace, incumpliendo la obligación legal y moral de proporcionar alimentos y perjudicando en consecuencia el bienestar material de alimentario.

En muchas ocasiones en asuntos de familia, resulta muy difícil encontrar a una persona para poder ejercer alguna acción judicial, ya sea alimentos, visitas, cuidado personal, acciones de filiación entre otras, lo que entorpece el inicio de los procesos judiciales. Es posible a través de los Juzgados de Familia llevar a cabo una gestión voluntaria para poder indagar a través de las instituciones del Estado, el o los domicilios que posee registrados en ellas una persona, y si se obtiene un resultado positivo, dar la posibilidad de iniciar o continuar las acciones judiciales pretendidas.